Lea el artículo de El Tecolote sobre los inquilinos de tres edificios diferentes que se enfrentan a sus propietarios gracias a la innovadora legislación de San Francisco sobre el Derecho de Sindicación de los Inquilinos. Obtenga más información sobre la legislación «Sindicato en Casa» en sfadc.org/es/derechos.

Huelga de alquiler liderada por inmigrantes desafía a grandes inmobiliarias en San Francisco

por Beatriz Johnston Hernández

april 28, 2025

Inquilinos y simpatizantes se manifiestan frente al Tribunal Superior de San Francisco el 23 de abril de 2025, exigiendo mejores condiciones de vida. La manifestación fue organizada por el Comité de Derechos de Vivienda. Foto de Pablo Unzueta para El Tecolote/CatchLight Local

Johana Ramírez lleva 17 años viviendo en su pequeño estudio en el barrio Tenderloin. Las paredes están agrietadas; la cocina, infestada de cucarachas, las puertas de los armarios cuelgan, desprendidas, y el suelo cubierto de azulejos rotos. Aun así, barre, friega y hace todo lo posible por mantenerlo ordenado, porque es su hogar.

Durante los últimos dos años, ha estado en huelga de alquiler junto con sus vecinos del 434 de la calle Leavenworth, exigiendo reparaciones básicas, control de plagas y una compensación por las condiciones inhabitables. En cambio, recibieron notificaciones de desalojo. Ahora, las personas inquilinas restantes están demandando a Ballast Investments —la mayor su arrendadora de la ciudad— ante la Junta de Alquileres, el árbitro de San Francisco en conflictos sobre alquiler justo y desalojos.

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“Lucho por mí, sí. Pero tenemos que sentar un precedente para proteger a otras como yo”, dijo Ramírez, sentada en su casa de 370 pies cuadrados, en un edificio conocido como Apartamentos Bandera Arcoíris. “Este casero tiene cientos de apartamentos”.

A la vuelta de la esquina, otra asociación de personas inquilinas también está en huelga: 781 huelguistas de O’Farrell se preparan para reunirse con su arrendador, Veritas Investments, en el tribunal de desalojo a finales de este mes. Con el respaldo de capital privado, tanto Ballast Investments como Veritas Investments han acumulado una gran participación en el parque de viviendas de alquiler controlado de San Francisco, especialmente en el Tenderloin.

Johana Ramírez muestra las condiciones de vida inseguras que ella y sus vecinos enfrentan a diario: una ventana rota que no se abre y una plaga de cucarachas al interior de su estudio en el barrio Tenderloin, en San Francisco, California. Foto: Beatriz Johnston

Este barrio alberga a miles de inmigrantes de clase trabajadora que no hablan inglés y que han vivido en sus apartamentos de alquiler controlado durante muchos años.

«Los residentes latinos, chinos, vietnamitas y del sudeste asiático del barrio estamos todos en la misma situación», dijo Ramírez. «Somos demasiado pobres para permitirnos algo mejor».

Desde que las corporaciones tomaron el control, las personas inquilinas de larga data que no hablan inglés, como Ramírez, se han convertido en blanco principal de desalojo para favorecer a otras con salarios más altos. El idioma en sí, según los defensores de estas personas, se está utilizando como arma.

En ambos edificios en huelga de alquileres, Veritas despidió a las personas administradoras bilingües, publicó avisos importantes sólo en inglés y ordenó al personal hablar solo en inglés.

“Los inquilinos han recibido multas por no haber recibido información sobre los cambios en los alquileres”, declaró Lizzy Kramer, portavoz del Comité de Derechos de la Vivienda, una organización sin fines de lucro de la ciudad que organiza a las personas inquilinas en asociaciones de inquilinos de cada edificio, como la de Ramírez.

La ley de San Francisco exige que toda persona propietaria, pública y privada, proporcione viviendas libres de basura y libres de plagas. Las instalaciones de plomería y gas deben estar en buen estado y deben proporcionar agua corriente fría y caliente.

Las personas inquilinas tienen derecho a denunciar a los propietarios ante las agencias municipales, a retener el alquiler o a realizar reparaciones y deducciones. Estos a su vez, tienen prohibido tomar represalias contra sus inquilinos por ejercer estos derechos; cualquier desalojo o aumento del alquiler dentro de los seis meses posteriores a una queja, puede ser analizado como posible represalia por un juez.

Sin embargo, la Ordenanza de Acceso Lingüístico (LAO) de San Francisco solo exige que los propietarios públicos proporcionen servicios de traducción e interpretación para documentos y avisos importantes, no así los propietarios privados como Veritas y Ballast.

Algunos propietarios celebran abiertamente esta laguna legal. «¿Sabes cuántos idiomas tendríamos que traducir?», dijo un empleado de Veritas a El Tecolote anónimamente.

Desde puertas de armarios rotas hasta azulejos sueltos y agrietados en el baño, el estudio de Johana Ramírez refleja años de mantenimiento descuidado en San Francisco, California. Foto: Beatriz Johnston

Un movimiento de inquilinos en auge

Las huelgas de alquiler son la faceta más visible de un creciente movimiento de inquilinos impulsado por la Ordenanza de Sindicatos en Casa, una ley municipal de 2022 que obliga a los propietarios a negociar con las asociaciones de inquilinos formadas por la mayoría de los residentes de un edificio.

“Los inquilinos siempre han formado asociaciones”, dijo Fred Sherburn-Zimmer, principal organizador de inquilinos del Comité de Derechos de Vivienda. “Pero la iniciativa de Sindicatos en Casa ha consolidado y acelerado el proceso de formación de asociaciones de inquilinos”. Un año después de la aprobación de la ordenanza, 55 edificios ya contaban con asociaciones organizadas.

“Contar con un proceso claro y por escrito ha sido increíble”, dijo Sherburn-Zimmer. “Algunos propietarios, con solo ver una asociación de inquilinos, empiezan a obedecer la ley. Pero a otros, como Veritas, les cuesta negociar”.

En respuesta, los inquilinos están aumentando la presión sobre los propietarios corporativos como Veritas y Ballast.

Inquilinos y simpatizantes se manifiestan frente al Tribunal Superior de San Francisco el 23 de abril de 2025, exigiendo mejores condiciones de vida. La manifestación fue organizada por el Comité de Derechos de Vivienda. Foto de Pablo Unzueta para El Tecolote/CatchLight Local

Campañas coordinadas y pequeñas victorias

A mediados de abril, Ramírez se unió a una campaña de llamadas en toda la ciudad, coordinada por el Comité de Derechos de Vivienda, dirigida a Veritas, Ballast y la empresa administradora de Ballast, Brick + Timber. Cada día, llamaban a un propietario o administrador diferente, transmitiendo el mismo mensaje de «la situación no es la misma de siempre» para demostrar su fuerza.

Las personas inquilinas de 11 edificios de Veritas también protestaron ante la Junta de Alquileres de la ciudad en solidaridad con los 781 inquilinos de O’Farrell, afirmó Sherburn-Zimmer.

Aprovechando su experiencia en la organización laboral, las personas inquilinas han firmado peticiones, ocupado oficinas de propietarios, reclutado aliados políticos y, en casos extremos, han realizado huelgas de alquiler para obligarlos a negociar y realizar reparaciones. En algunos casos, obtuvieron más de lo que esperaban.

En el edificio de 16 unidades del número 320 de la calle 14, que anteriormente pertenecía a Veritas, las personas inquilinas, en su mayoría latinas, sufrieron años de moho, plagas de cucarachas y pisos y ventanas rotos. En 2022, se unieron a una huelga de alquileres en toda la ciudad contra Veritas.

Ese mismo año, Veritas incumplió el pago de mil millones de dólares en préstamos vinculados a más de 95 propiedades residenciales, incluyendo el edificio del número 320 de la calle 14 y el edificio de Ramírez en el número 434 de Leavenworth, que Ballast adquirió posteriormente.

Poco después de adquirir dicho edificio en la calle 14, Prado Investments se reunió con la asociación de inquilinos, condonó la deuda de alquiler, realizó reparaciones importantes y vendió el edificio a la organización sin fines de lucro San Francisco Community Land Trust.

Bajo la propiedad del Land Trust, los alquileres fueron recalculados en función de los ingresos. Luis Zenón, trabajador de una panadería, y su pareja, Sandra Martínez, empleada de McDonald’s, vieron cómo su alquiler se reducía de $2,100 a $1,650 al mes por un apartamento de una habitación, una disminución del 21%.

Aun así, dado el alza en los precios inmobiliarios de San Francisco, es poco probable que dicha organización no lucrativa, que opera de forma similar a una cooperativa de trabajadores, pueda expandirse mucho más allá de las 16 propiedades residenciales que posee actualmente.

El alto costo de la lucha

A pesar de las pequeñas victorias, el costo de organizarse sigue siendo alto. En el edificio de Ramírez, solo quedan seis de las 30 personas inquilinas que originalmente estaban en huelga, todas inmigrantes monolingües.

“Sé que llegaron a acuerdos con el propietario por estrés”, dijo Ramírez. Su depresión ha empeorado a lo largo de esta dura experiencia, pero dice que no puede irse de San Francisco porque depende de los servicios de salud LGBTQ de la ciudad.

“Esto ha sido muy difícil para mí, pero la situación simplemente no es justa”, dijo.

Su lucha está llegando a un punto crítico. La Junta de Alquileres ordenó a Ballast y a las 434 personas inquilinas de Leavenworth reunirse antes de que se emita una decisión el miércoles 30 de abril. Mientras tanto, las personas residentes del 781 de la calle O’Farrell se preparan para el juicio en el tribunal de desalojo el lunes 28 de abril.

“Hay mucho en juego para los residentes de Tenderloin”, dijo Sherburn-Zimmer. “Estos inquilinos luchan por el corazón de la ciudad ahora mismo, en un momento en que la gente necesita San Francisco como nunca antes”.

Para Ramírez, la lucha continúa, no solo por ella, sino por las demás personas de toda la ciudad que, como ella, se niegan a ser expulsadas ​​en silencio.

Los inquilinos inmigrantes durante años han llevado a cabo una lucha para que los habitantes de San Francisco defiendan sus derechos a tener una vivienda libre de acoso y discriminación, así como también el acceso a la comunicación en su idioma.

Como parte del actual reconocimiento acerca de la urgente falta de viviendas asequibles a lo largo de la ciudad y de un creciente movimiento de inquilinos que se vieron obligados a organizarse para proteger sus derechos, ocho inquilinos de Single-Room- Occupancy (SRO) [viviendas de una sola habitación] de Chinatown en el 1350 de Stockton y el 371 de Broadway y la Community Tenants Association (CTA) han conseguido un acuerdo sin precedentes que afirma su derecho a vivir pacíficamente en el barrio y los edificios que lo llaman hogar. Con el apoyo de Advancing Justice – Asian Law Caucus, Legal Assistance to the Elderly y la asesoría legal pro-bono del despacho legal mundial Ropes & Gray, un pequeño grupo de inquilinos inmigrantes chinos de bajos ingresos, de los cuales todos son personas mayores menos uno, han ganado una lucha colectiva para permanecer en sus hogares con control de arriendo, a largo plazo, libres de la discriminación y el acoso de una de las empresas de administración de SRO más grandes de San Francisco.

Como parte del acuerdo alcanzado en agosto, la parte demandante será indemnizada con $618.000 por Samantha Seto, Kelvin Yee, la organización de gestión de la propiedad Valstock Management y sus empresas relacionadas. Valstock Management y los demás demandados igualmente se comprometieron a cambiar las prácticas de administración de aquellos edificios que provocaron la demanda.

“Muchos de nosotros hemos vivido en los edificios durante una década o más. Nos mudamos allí porque era lo único que podíamos pagar. Es importante para nosotros vivir en Chinatown, donde podemos hacer nuestra vida en una comunidad que nos entiende y donde nos sentimos en casa», afirmó Shao Yan Chen, uno de los demandantes, de 76 años de edad, residente de la 1350 Stockton. El Sr. Chen y su esposa alquilan una pequeña habitación de 2 x 3 metros y comparten los baños y la cocina con 50 hogares de su piso. La habitación, aunque estrecha, ha sido su hogar durante casi 13 años. «El acoso comenzó después de que la actual administración se hiciera cargo del edificio a finales de 2016. Teníamos miedo de que nos echaran. La comunidad se presentó para manifestarse con nosotros, pero el acoso no cesó. No creo que el propietario pensara que nos íbamos a poner en pie de lucha, pero lo hicimos. Me siento bien de haber levantado la voz y logrado que la administración del edificio esté en proceso de mejorar sus prácticas».

Los demandantes alegaron que los demandados los acosaron y discriminaron, incluyendo situaciones como las siguientes:

• Amenazar e imponer multas de $200 por prácticas habituales como colgar la ropa fuera de las ventanas o dejar zapatos afuera de las puertas;
• Instalar temporizadores en las duchas;
• Publicar avisos diciéndoles a los inquilinos que no tenían un contrato de alquiler vigente cuando en efecto lo tenían y ordenándoles a firmar contratos nuevos y onerosos de 40 páginas que no podían leer o entender;
• Decomisar la ropa colgada de los inquilinos y tirarla en el contenedor de basura, incluyendo la manta del bebé de uno de los inquilinos;
• Instalar cámaras de vigilancia en espacios comunes como la cocina y los pasillos;
• Colgar avisos únicamente en inglés en las puertas de los inquilinos y negarse a traducirlos o explicarlos, aparte una línea escrita en chino que les decía a los inquilinos que si no entendían fueran a ver un abogado
• Publicar avisos sobre supuestas infracciones a las normas que incluían fotos de inquilinos tomadas con las cámaras de vigilancia; y
• Crear un ambiente temeroso para que los inquilinos tengan miedo de que cualquier cosa que hicieran sería usada para desalojarlos.

Como parte del acuerdo, Valstock Management se comprometió a acabar con muchas de las prácticas administrativas de las que se quejaban los demandantes. El acuerdo estipula que Valstock deberá:

• Proveer a todos los inquilinos, de manera prospectiva, contratos de arrendamiento bilingües, tanto en inglés como en chino, traducciones al chino de todas las notificaciones materiales que afecten su arrendamiento;
• Poner fin a su práctica de imponer las controvertidas multas de 200 y 50 dólares a los inquilinos de los dos edificios;
• Permitirles a los demandantes colgar la ropa en sus ventanas para secarla siempre y cuando no sea en escaleras de incendios;
• Asegurarse de que por lo menos un miembro del personal que hable chino esté disponible en la oficina de administración de la propiedad para todos los inquilinos que hablen chino y que busquen asistencia durante el horario de oficina;
• Proporcionar a los inquilinos de habla china un recibo bilingüe fechado, escrito en inglés y chino, en el que se reconozcan sus solicitudes de reparación cuando se haga dicha solicitud;
• Garantizar que todo el cuerpo directivo y el personal de la 1350 Stockton y la 371 Broadway asistan cada dos años a cursos de capacitación sobre los requerimientos de vivienda digna y contra la discriminación, entre otras medidas.

«Ha sido un largo camino para estos inquilinos. En todo momento han tenido que enfrentarse a sistemas que han operado para dejarles fuera, desgastarlos y desanimarlos a hacer valer sus derechos y a obtener ayuda. La pandemia no facilitó las cosas», dijo Winnie Kao, abogada principal del Asian Law Caucus. «Este caso demuestra que, a pesar de todos esos obstáculos, cuando los inquilinos se unen y perseveran, pueden ganar».

«Este caso trata la más básica de las necesidades humanas: poder vivir en paz en tu propia casa. Los propietarios de toda la ciudad deberían estar sobre aviso: no se puede vigilar a los inquilinos, tirarles la ropa, imponerles multas exorbitantes o emplear otras tácticas para intimidar y acosar», dijo Shelby Nacino, abogada de Legal Assistance for the Elderly.

«Estos inquilinos demandantes son desvalidos. Enfrentados a un acoso y una discriminación absolutos, se armaron de valor para demandar a su propietario, lo cual es desalentador para cualquiera. La dedicación y el trabajo duro de los inquilinos en este litigio fueron decisivos, guiados por un mensaje sencillo: las personas deben sentirse seguras para vivir sus vidas en sus propios hogares. Si bien este resultado no corrige totalmente un error de nuestros demandantes, estamos satisfechos con el resultado y agradecemos que hayan sido capaces de perseverar a través de este desafiante caso», dijo Daniel Richards, abogado de Ropes & Gray LLP, que actuó como co-asesor de los demandantes.

«Ya sea que hablemos chino, inglés o español, que hayamos nacido en San Francisco o que lo hayamos convertido en nuestro hogar, podemos unirnos y asegurarnos de que todos tengamos un lugar acogedor, seguro y pacífico para vivir», dijo el Sr. Wing Hoo Leung, presidente de la Asociación de Inquilinos de la Comunidad. «Desde el acuerdo con Valstock Management hasta los nuevos derechos sindicales de los inquilinos de San Francisco, estamos invirtiendo la tendencia y poniendo el bienestar de la gente por delante del desplazamiento, la discriminación y el acoso sin control».

En 2017, más de 100 personas se manifestaron frente al edificio de apartamentos gestionado por Valstock Management en el 1350 de la calle Stockton, llamando la atención de toda la ciudad sobre la supuesta discriminación y el acoso de la empresa. The Community Tenants Association sigue ayudando a los inquilinos de Chinatown a defender a sus vecinos y a hacer que los propietarios y las empresas de administración sean responsables de sus derechos. En abril de 2022, los inquilinos de San Francisco ganaron su derecho a formar sindicatos en sus casas, y desde entonces los inquilinos de más de 30 edificios gestionados por otra empresa de administración inmobiliaria, Veritas, han presentado peticiones para formar sindicatos.